EL RIESGO DE UN FRENTE DESHILACHADO
Por Emilio Cafassi |*|
La última contratapa suscitó varios comentarios de amigos y compañeros que me escribieron más mails personales que lo habitual, incluyendo algunos que además de sus agudas y certeras críticas suelen reproducir estas notas en páginas de diversos países del mundo, incluido este "lugar en el mundo" que hago cada vez más propio, llamado Uruguay. Tal vez discrepemos en algunas perspectivas, pero en su mayoría, se trata de inferencias sobre las consecuencias del tratamiento autónomo de la política que me propongo sostener metodológicamente desde hace algunos domingos, para dar lugar a un tratamiento más profundo de algunas cuestiones, que no he rozado siquiera aún, y que iré desmenuzando paulatinamente, también con autonomía (esta vez temática) en sucesivas contratapas. Soy consciente que de alguna manera este excursus, que no es la primera vez que realizo, demora la entrada más directa en los temas que me vengo proponiendo.
Pero viene muy bien la advertencia crítica ya que quizás sea una muestra de cierta ansiedad e interés por las conclusiones prácticas inmediatas de un lector más amplio que los que tienen la amabilidad comprometida de escribirme y enriquecerme con sus apostillas. Alteraré entonces cierto plan temático que me había trazado, recordando el presupuesto de que la misión, no sólo deseable sino posible para la actual gestión del Frente Amplio, es la transformación revolucionaria de la política en su arquitectura institucional. Me refiero a la subversión de su sentido y características que además de que sería una contribución pionera para la historia de las izquierdas, serviría también para revertir el preocupante proceso de desmovilización y vaciamiento de bases.
La primera cuestión que me fue formulada respecto a la reforma constitucional que introdujo las "primarias" en sustitución de la Ley de Lemas es si sirve o no para ganar, en general en un sentido optimista, a diferencia del otro componente negociado que es el balotaje con mayoría absoluta, tan cuestionado (a mi juicio con razón) por vastos sectores frenteamplistas. En modo alguno desprecio el componente pragmático y sus propósitos triunfalistas, porque el presupuesto que enuncié respecto al rol revolucionario del Frente es válido sólo si se ganan las elecciones y se accede al poder político. Pero me permito sostener que no sólo pone el carro delante del caballo, sino que lo hace a una distancia tal que luego hará cada vez más difícil, sino imposible, llegar a colocarle el arreo y echarlo a andar. El Frente fue conquistando desde la oposición, una vez restaurado el orden constitucional, el respeto del conjunto de la ciudadanía por la coherencia con la que se opuso (y negó en su propia práctica) a reglas de juego y normas que diluían precisiones políticas y programáticas y sumaban siempre en la dirección de la defensa del statu quo. Por eso presentó siempre un candidato único y por eso me preocupó la reintroducción limitada a tres de una suerte de Ley de Lemas en las instancias municipales.
La pregunta central no creo que sea cómo ganamos, sino qué arquitectura política garantiza la mejor y más transparente información a la ciudadanía, participación en las decisiones, revocación de mandatos por incumplimiento de programas y compromisos entre tantos otros institutos que garanticen crecientemente la socialización del poder decisional en la ciudadanía y que habrá que ir poniendo en discusión con el máximo detalle en otras oportunidades.
La revolución francesa instituyó (aunque también resistió) el principio ciudadano de "un hombre, un voto". No sólo por la resistencia que las variantes censitarias introdujeron sino inclusive porque el hombre fue tomado literalmente y no como generalización de la humanidad. La mujer recién conquisto este derecho elemental luego de arduas luchas en el siglo XX y aún en el siglo XXI hay contados países en los que aún carecen de derechos. Pero este derecho indelegable es válido exclusivamente para la ciudadanía en el contexto del Estado-nación que es una construcción moderna y por tanto necesariamente acotada y efímera en la historia, con su origen, apogeo y necesario ocaso. Sin embargo, lo importante es que resulta un abuso y distorsión si se aplica a otros ámbitos que, siendo externos, se complementan con el ejercicio ciudadano y no lo contradicen en modo alguno. Se puede ser ciudadano uruguayo y militante de algún partido, o militante sindical, o feminista, o hincha de un cuadro de fútbol.
Como ateo respetuoso de la más plena libertad de culto y activo defensor de su independencia en el marco del estado laico, no encuentro ninguna razón ni interés en tomar decisiones respecto a autoridades, ritos, o formas organizativas de las iglesias. Como hincha de Boca, no pretendo ser consultado sobre decisiones políticas que adopte River. Los trabajadores toman decisiones en el sindicato al que pertenecen según la fracción de capital en la rama de producción que compra su fuerza de trabajo. De forma tal que cuando desarrollo mi crítica a la obligación constitucional a la realización de primarias o internas abiertas en los partidos, lo hago simplemente porque se trata de instancias más restringidas que las de la ciudadanía. Mi crítica tiene un doble carácter. Por un lado la obligatoriedad y por otro la convocatoria ciudadana.
Personalmente no me preocupa que los partidos en general realicen elecciones internas de autoridades o hagan congresos o reuniones para discutir sus programas o estrategias. Sólo me importa que el que me permito reconocer como propio en tanto simpatizante externo e independiente, el Frente Amplio, lo haga y no sólo una vez cada cinco años para definir una candidatura sino que preferiría que fuera mucho más frecuente y sobre cosas mucho más profundas que nombres. Inclusive no veo ningún inconveniente en que haya partidos que se organicen siguiendo verticalmente las órdenes de un líder carismático sempiterno, otros que sólo sean simples aparatos publicitarios de la video-política sin base alguna u otros que se rijan por principios de conducción por linaje hereditario.
Las llamadas internas abiertas o primarias al estilo estadounidense, en lugar de democratizar los partidos y garantizar la participación decisoria de sus afiliados en la selección de candidatos, fueron negociadas e introducidas por la clase política conservadora que importó este instituto para paliar la indiferencia ciudadana y la crisis de credibilidad en el sistema. Es también indirectamente corresponsable de la desmovilización y vaciamiento de bases del propio Frente porque tiende a diluir la pertenencia o membresía. No amplían la democraticidad del dispositivo electoral, ni partidario, ni estatal. El afiliado (si se precisara su carácter) y/o el ciudadano no eligen sino que continúan optando por candidatos que fueron decididos generalmente en transacciones y pactos a puertas cerradas. Es una manipulación publicitaria que infunde en el elector sólo la ilusión de "participación". Inversamente, lo único que produce es un soporte masivo más amplio de los candidatos, lo que opera como refuerzo imaginario de la legitimidad de estos. Se trata de una verdadera "invasión promiscua", una ya probada maniobra conservadora y despolitizante.
La Constitución sólo tiene que garantizar la más plena libertad de reunión y organización, no sólo para la vida política sino para absolutamente todas las instancias en las que los ciudadanos quieran participar voluntariamente. Pero el Frente sí tiene el deber de ser radicalmente democrático, participativo y colectivizante, por propia decisión y no por una exigencia externa, sin que por ello deba exigirle idéntico propósito al resto. Me parece hasta ridículo exigirle a los demás partidos que sean como el Frente. Pero sobre todo me parece suicida que el Frente se acostumbre paulatinamente y naturalice su funcionamiento igual al resto de los partidos que son claramente del régimen, para decirlo muy laxamente. Con la actual Constitución uruguaya es indispensable hacer un ejercicio de abstracción para separar la cuestión constitucional de la partidaria, pero quisiera subrayar que si una Constitución sirve por igual y con idénticas virtudes a las fuerzas conservadoras y a las progresistas, es probable que las progresistas no lo sean tanto, o inversamente esa Constitución tenga un carácter conservador y hasta reaccionario. Obviamente me inclino porque en esta última disyuntiva la realidad refleje la segunda razón por la cual vengo insistiendo en la necesidad de una reforma constitucional.
La segunda objeción es el carácter abierto. ¿Por qué un frentista tiene derecho a influir sobre el partido blanco votando en su interna, independientemente de que no lo haga? ¿Por qué se le permite a un colorado intervenir en la interna frentista si los partidos no son instituciones del conjunto de la ciudadanía sino sólo de fracciones de ella? Por eso concluí el domingo pasado que un punto de partida posible para el inicio de estas discusiones era la noción de membresía.
En el Uruguay existe además un problema extra, que sólo dejo anotado para un más detenido tratamiento futuro, como es el del instituto del plebiscito y las alarmas que dispararon los resultados electorales. En los plebiscitos siempre hay 4 opciones: afirmativa, negativa, abstención (o voto en blanco) y no voto, lo cual cercena por completo la capacidad expresiva popular que cualquier opción que no sea la positiva sume automáticamente en dirección al rechazo o la negación.
Pero es indispensable determinar, con esta Constitución o con cualquier otra, ya que la autorganización no debe pedir permiso para democratizarse, qué es efectivamente un militante frenteamplista, a diferencia de un simpatizante o elector y, en consecuencia, quiénes y cómo adoptan las decisiones sobre su carácter, funcionamiento y naturaleza. O en otros términos definir cuál es el grado mínimo de compromiso y exigencias que todo miembro tiene con su agrupación para ser reconocido como tal y como sujeto de derechos decisionales.
De lo contrario, el riesgo de deslizarse hacia un partido de electores o hacia la estéril socialdemocratización es algo más que una posibilidad remota.
|*| Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar
Pero viene muy bien la advertencia crítica ya que quizás sea una muestra de cierta ansiedad e interés por las conclusiones prácticas inmediatas de un lector más amplio que los que tienen la amabilidad comprometida de escribirme y enriquecerme con sus apostillas. Alteraré entonces cierto plan temático que me había trazado, recordando el presupuesto de que la misión, no sólo deseable sino posible para la actual gestión del Frente Amplio, es la transformación revolucionaria de la política en su arquitectura institucional. Me refiero a la subversión de su sentido y características que además de que sería una contribución pionera para la historia de las izquierdas, serviría también para revertir el preocupante proceso de desmovilización y vaciamiento de bases.
La primera cuestión que me fue formulada respecto a la reforma constitucional que introdujo las "primarias" en sustitución de la Ley de Lemas es si sirve o no para ganar, en general en un sentido optimista, a diferencia del otro componente negociado que es el balotaje con mayoría absoluta, tan cuestionado (a mi juicio con razón) por vastos sectores frenteamplistas. En modo alguno desprecio el componente pragmático y sus propósitos triunfalistas, porque el presupuesto que enuncié respecto al rol revolucionario del Frente es válido sólo si se ganan las elecciones y se accede al poder político. Pero me permito sostener que no sólo pone el carro delante del caballo, sino que lo hace a una distancia tal que luego hará cada vez más difícil, sino imposible, llegar a colocarle el arreo y echarlo a andar. El Frente fue conquistando desde la oposición, una vez restaurado el orden constitucional, el respeto del conjunto de la ciudadanía por la coherencia con la que se opuso (y negó en su propia práctica) a reglas de juego y normas que diluían precisiones políticas y programáticas y sumaban siempre en la dirección de la defensa del statu quo. Por eso presentó siempre un candidato único y por eso me preocupó la reintroducción limitada a tres de una suerte de Ley de Lemas en las instancias municipales.
La pregunta central no creo que sea cómo ganamos, sino qué arquitectura política garantiza la mejor y más transparente información a la ciudadanía, participación en las decisiones, revocación de mandatos por incumplimiento de programas y compromisos entre tantos otros institutos que garanticen crecientemente la socialización del poder decisional en la ciudadanía y que habrá que ir poniendo en discusión con el máximo detalle en otras oportunidades.
La revolución francesa instituyó (aunque también resistió) el principio ciudadano de "un hombre, un voto". No sólo por la resistencia que las variantes censitarias introdujeron sino inclusive porque el hombre fue tomado literalmente y no como generalización de la humanidad. La mujer recién conquisto este derecho elemental luego de arduas luchas en el siglo XX y aún en el siglo XXI hay contados países en los que aún carecen de derechos. Pero este derecho indelegable es válido exclusivamente para la ciudadanía en el contexto del Estado-nación que es una construcción moderna y por tanto necesariamente acotada y efímera en la historia, con su origen, apogeo y necesario ocaso. Sin embargo, lo importante es que resulta un abuso y distorsión si se aplica a otros ámbitos que, siendo externos, se complementan con el ejercicio ciudadano y no lo contradicen en modo alguno. Se puede ser ciudadano uruguayo y militante de algún partido, o militante sindical, o feminista, o hincha de un cuadro de fútbol.
Como ateo respetuoso de la más plena libertad de culto y activo defensor de su independencia en el marco del estado laico, no encuentro ninguna razón ni interés en tomar decisiones respecto a autoridades, ritos, o formas organizativas de las iglesias. Como hincha de Boca, no pretendo ser consultado sobre decisiones políticas que adopte River. Los trabajadores toman decisiones en el sindicato al que pertenecen según la fracción de capital en la rama de producción que compra su fuerza de trabajo. De forma tal que cuando desarrollo mi crítica a la obligación constitucional a la realización de primarias o internas abiertas en los partidos, lo hago simplemente porque se trata de instancias más restringidas que las de la ciudadanía. Mi crítica tiene un doble carácter. Por un lado la obligatoriedad y por otro la convocatoria ciudadana.
Personalmente no me preocupa que los partidos en general realicen elecciones internas de autoridades o hagan congresos o reuniones para discutir sus programas o estrategias. Sólo me importa que el que me permito reconocer como propio en tanto simpatizante externo e independiente, el Frente Amplio, lo haga y no sólo una vez cada cinco años para definir una candidatura sino que preferiría que fuera mucho más frecuente y sobre cosas mucho más profundas que nombres. Inclusive no veo ningún inconveniente en que haya partidos que se organicen siguiendo verticalmente las órdenes de un líder carismático sempiterno, otros que sólo sean simples aparatos publicitarios de la video-política sin base alguna u otros que se rijan por principios de conducción por linaje hereditario.
Las llamadas internas abiertas o primarias al estilo estadounidense, en lugar de democratizar los partidos y garantizar la participación decisoria de sus afiliados en la selección de candidatos, fueron negociadas e introducidas por la clase política conservadora que importó este instituto para paliar la indiferencia ciudadana y la crisis de credibilidad en el sistema. Es también indirectamente corresponsable de la desmovilización y vaciamiento de bases del propio Frente porque tiende a diluir la pertenencia o membresía. No amplían la democraticidad del dispositivo electoral, ni partidario, ni estatal. El afiliado (si se precisara su carácter) y/o el ciudadano no eligen sino que continúan optando por candidatos que fueron decididos generalmente en transacciones y pactos a puertas cerradas. Es una manipulación publicitaria que infunde en el elector sólo la ilusión de "participación". Inversamente, lo único que produce es un soporte masivo más amplio de los candidatos, lo que opera como refuerzo imaginario de la legitimidad de estos. Se trata de una verdadera "invasión promiscua", una ya probada maniobra conservadora y despolitizante.
La Constitución sólo tiene que garantizar la más plena libertad de reunión y organización, no sólo para la vida política sino para absolutamente todas las instancias en las que los ciudadanos quieran participar voluntariamente. Pero el Frente sí tiene el deber de ser radicalmente democrático, participativo y colectivizante, por propia decisión y no por una exigencia externa, sin que por ello deba exigirle idéntico propósito al resto. Me parece hasta ridículo exigirle a los demás partidos que sean como el Frente. Pero sobre todo me parece suicida que el Frente se acostumbre paulatinamente y naturalice su funcionamiento igual al resto de los partidos que son claramente del régimen, para decirlo muy laxamente. Con la actual Constitución uruguaya es indispensable hacer un ejercicio de abstracción para separar la cuestión constitucional de la partidaria, pero quisiera subrayar que si una Constitución sirve por igual y con idénticas virtudes a las fuerzas conservadoras y a las progresistas, es probable que las progresistas no lo sean tanto, o inversamente esa Constitución tenga un carácter conservador y hasta reaccionario. Obviamente me inclino porque en esta última disyuntiva la realidad refleje la segunda razón por la cual vengo insistiendo en la necesidad de una reforma constitucional.
La segunda objeción es el carácter abierto. ¿Por qué un frentista tiene derecho a influir sobre el partido blanco votando en su interna, independientemente de que no lo haga? ¿Por qué se le permite a un colorado intervenir en la interna frentista si los partidos no son instituciones del conjunto de la ciudadanía sino sólo de fracciones de ella? Por eso concluí el domingo pasado que un punto de partida posible para el inicio de estas discusiones era la noción de membresía.
En el Uruguay existe además un problema extra, que sólo dejo anotado para un más detenido tratamiento futuro, como es el del instituto del plebiscito y las alarmas que dispararon los resultados electorales. En los plebiscitos siempre hay 4 opciones: afirmativa, negativa, abstención (o voto en blanco) y no voto, lo cual cercena por completo la capacidad expresiva popular que cualquier opción que no sea la positiva sume automáticamente en dirección al rechazo o la negación.
Pero es indispensable determinar, con esta Constitución o con cualquier otra, ya que la autorganización no debe pedir permiso para democratizarse, qué es efectivamente un militante frenteamplista, a diferencia de un simpatizante o elector y, en consecuencia, quiénes y cómo adoptan las decisiones sobre su carácter, funcionamiento y naturaleza. O en otros términos definir cuál es el grado mínimo de compromiso y exigencias que todo miembro tiene con su agrupación para ser reconocido como tal y como sujeto de derechos decisionales.
De lo contrario, el riesgo de deslizarse hacia un partido de electores o hacia la estéril socialdemocratización es algo más que una posibilidad remota.
|*| Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar
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